viernes, 2 de mayo de 2014


Publicado en el País / Washington / Madrid 1 MAY 2014 - 22:25


Golpe judicial al ‘fracking’


Cuando en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos no se imaginaba que la veintena de pozos para la extracción de gas que rodean su casa, en Decatur, Texas (EE UU), podían tener algo que ver con sus problemas de salud. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes dos años la forzaron a ingresar varias veces en el hospital. Su marido, Robert, y su hija, Emma, también enfermaron. En 2011 la familia Parr demandó a la petrolera Aruba Petroleum. El pasado 22 de abril, casualmente el Día de la Tierra, un tribunal condenó a la empresa a indemnizar con 2,9 millones de dólares (2,1 millones de euros) a la familia porque considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de Aruba.
Si los Parr llegarán a cobrar esa cantidad —el fallo puede recurrirse— o si la sentencia puede considerarse un precedente, aún está por ver. Lo que sí es cierto, y así lo han destacado los medios estadounidenses durante estos días, es que se trata de la primera indemnización millonaria por un caso de afectación a la salud relacionado con el fracking, la controvertida técnica de extracción de gas natural que genera innumerables dudas medioambientales. El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para liberar el gas que se encuentra atrapado en la roca.
El caso es inusual no solo por el fallo y la cantidad, sino por el mero hecho de haber llegado a un tribunal. Generalmente las demandas por los efectos sobre el medio ambiente y la salud de esta técnica —que se ha extendido por Estados Unidos durante la presidencia de Obama con la promesa de aumentar la independencia energética del país— se han saldado con acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones económicas que nunca salen a la luz. La de los Parr llegó a juicio y un jurado popular dio la razón a la familia por cinco votos a favor y uno en contra.
El veredicto contempla el pago del equivalente a 198.000 euros por pérdida de valor de la propiedad de los Parr, 180.000 por futuras consecuencias para su salud, otros 288.000 por daños psicológicos y 1,4 millones por los problemas médicos causados hasta ahora. David Matthews, uno de los abogados que ha representado a la familia, explicó a EL PAÍS que la empresa nunca propuso un acuerdo extrajudicial y accedió a que el caso fuera decidido por un jurado popular. “Estamos convencidos de que la empresa tiene que pagar por su responsabilidad y, a pesar de que un juicio puede resultar muy caro, siempre creímos que los Parr tenían razón y que no había otra opción más que acudir a los tribunales”, afirma.
La familia Parr alegó en su demanda que las operaciones de Aruba Petroleum en las inmediaciones de su vivienda contaminaron el ambiente haciendo enfermar a su familia y a su ganado y forzándoles a mudarse a otra localidad. Según la firma de abogados que les asesoró, la técnica de fracking implica el uso de centenares de componentes químicos, incluidos algunos cancerígenos, que no son eliminados una vez que entran en contacto con el terreno.
Aún hay pocos estudios que relacionen directamente las instalaciones que usan esta técnica de extracción de hidrocarburos con posibles perjuicios para la salud, explica el geoquímico e investigador del CSIC Xavier Querol. “El problema son los componentes químicos de la mezcla de líquido que se inyecta en el subsuelo. Muchos de ellos son tóxicos”, señala. “Las empresas no desvelan qué sustancias emplean. Si se trata de hidrocarburos aromáticos como el benceno, que es cancerígeno, obviamente supone un peligro”, añade.
Precisamente, un estudio publicado en 2012 en la revista Science of the Total Environment encontró altas emisiones de contaminantes como el benceno. Según otro artículo publicado en diciembre pasado en la revista Endocrinology, entre el cóctel de sustancias que se emplean hay 12 consideradas disruptores endocrinos, es decir, alteradores del equilibrio hormonal que se relacionan con infertilidad y cáncer, entre otros problemas de salud. Los investigadores de la Universidad de Missouri (EE UU) tomaron muestras de agua en una zona con gran densidad de pozos y las compararon con las de áreas menos explotadas. Descubrieron que la actividad estrogénica, antiestrogénica, androgénica... era muy superior en la zona con muchos pozos de fracking.
El examen de toxicología al que se sometió la familia Parr encontró más de una veintena de químicos en su sangre, según los abogados de la familia. En el caso de sus vecinos, un especialista en contaminación ambiental detectó presencia de hidrocarburos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
Hasta ahora, la mayoría de las demandas se ha centrado en los daños materiales por deterioro del entorno, y no en los perjuicios a la salud. La empresa Aruba Petroleum mantuvo durante el juicio que sus operaciones cumplen con la regulación vigente y que no se le puede relacionar directamente con los síntomas padecidos por esta familia. “Esto indica que sigue siendo una corporación que no quiere asumir la responsabilidad de los daños causados”, asegura el abogado de los Parr. Según datos citados por The Wall Street Journal, más de 15 millones de estadounidenses viven a una distancia inferior a un kilómetro y medio de un pozo de extracción. La resolución de la demanda de los Parr puede abrir paso a nuevas reclamaciones similares y convertirse además en un argumento a favor de los que rechazan esta práctica. Sin embargo, fuentes jurídicas citadas por la cadena CNN afirman que es poco probable que un fallo así vuelva a repetirse, e incluso que la familia podría perder la apelación.
Varias autoridades han solicitado a la Administración Obama que elabore nuevas regulaciones que ajusten las actividades de estas empresas a estándares de calidad que tengan en cuenta los efectos detectados hasta ahora. El presidente del Fondo para la Defensa Medioambiental, Fred Krupp, planteaba el pasado fin de semana en la revista Foreign Affairs la creación de un marco legal que reduzca los riesgos mientras protege los beneficios económicos de esta industria.
La asociación que representa a las empresas del fracking en España, Shale Gas España, recuerda que la legislación medioambiental en Europa es mucho más estricta que en Estados Unidos y que garantiza la protección del medio ambiente y el control de los posibles tóxicos. En EE UU, el fracking se ha beneficiado de varias lagunas en las leyes, como explica Scott A. Elias, profesor de Ciencia Cuaternaria de la University of London en la revista Earth and Environmental Science. El fracking es la excepción en dos importantes leyes federales (la de agua potable y la de agua limpia) al permitir la inyección de productos químicos tóxicos en los pozos y la falta de tratamiento del agua sobrante que se almacena. Además, las empresas, según recuerda Elias, no están obligadas a revelar el cóctel de sustancias que usan, por considerarse secreto industrial.

lunes, 24 de marzo de 2014

COMPRAR TIERRAS PARA TENER AGUA
18 de marzo de 2014
 
Medio: esGlobal (heredera de Foreign Policy):
 

En América Latina las grandes empresas controlan el fenómeno del acaparamiento de terrenos cultivables ricos en oro azul.

AFP/Getty Images
 
Fue hace un siglo cuando el entonces superintendente del departamento de agua de Los Ángeles solucionó los problemas de escasez de la ciudad con una medida innovadora para aquella época: la apropiación de recursos hídricos situados a más de 300 kilómetros. El informe Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua del PNUD, donde figura el ejemplo, alerta del “peligro” que supone que dicho modelo reaparezca “con otra apariencia”, con el “poder dictando los resultados sin ninguna preocupación por la pobreza y el desarrollo humano”.
En 2008, dos años después de la publicación de ese estudio, explosionó dicha tendencia de control de tierras extranjeras (land grabbing, en inglés), en un contexto alcista del precio de los alimentos y de las materias primas. En un primer momento fueron fundamentalmente países de Oriente Medio los que se hicieron con vastas extensiones de terreno fuera de sus fronteras para producir alimentos, provocando de forma paralela una creciente especulación financiera con los cultivos. Desde entonces, nuevos Estados y nuevos actores han profundizado la moda, que justifica en muchos casos la necesidad de inversiones para lograr un aumento de la productividad.
El agua es ahora una de las claves en este proceso, pues cultivar alimentos lejos para consumirlos cerca implica también controlar el agua que regó esos cultivos. “Aquellos que han estado comprando extensas superficies de tierras agrícolas entienden que el acceso al agua que obtienen, muchas veces gratis y sin restricciones, puede tener a largo plazo un mayor valor que las tierras mismas”, apunta un informe de la ONG Grain, que estudia este complejo fenómeno, del que es complicado obtener datos y estadísticas.
En muchos casos, la apropiación de tierras no es el resultado de un proceso transparente y democrático, según el PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciencies of United States of America), quien corrobora que el acaparamiento global de tierras está asociado con una tasa de acaparamiento de agua. Para esta academia de ciencias, Estados Unidos, Emiratos Árabes, India, Reino Unido, Egipto, China e Israel están detrás de aproximadamente el 60% del agua incautada a través de la tierra. Las diferentes legislaciones, la falta de transparencia, los variados acuerdos o la complejidad del proceso entorpecen la tarea de dar cifras: la tierra almacenada para la agricultura oscila entre los 32,7 y 82,2 millones de hectáreas, según PNAS, que justifica la horquilla en el tipo de transacción que se tenga en cuenta. En todo caso, entre el 0,7%  y el 1,75% del terreno cultivable mundial está en manos foráneas.
Aclarar con exactitud el acaparamiento de tierras resulta “polémico” para la investigadora del programa de justicia alimentaria del Transnational Institute Jennifer D. Franco: “El gran esfuerzo para definirlo implica en sí mismo el acto político de intervenir en un debate de gran calado sobre la tierra y sus derechos. Nunca habrá un acuerdo sobre lo que constituye el acaparamiento de tierras, al igual que siempre hay desacuerdo sobre lo que es ‘desarrollo’ o ‘seguridad alimentaria’.
Land Matrix, otra de las pocas fuentes que nutren el debate, estima en 35,6 los millones de hectáreas apoderadas en el mundo, una extensión cuatro veces el territorio de Portugal. Si tenemos en cuenta que más del 80% del agua dulce del mundo se dedica a la agricultura, la regla de tres es clara. “El acaparamiento de tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales necesita del agua que existe en los territorios para poder producir las mercancías que luego comercializan. Sin agua no hay agricultura posible y eso lo saben las corporaciones, que realizan sus inversiones en territorios donde el agua es abundante”, explica a Carlos A. Vicente, integrante de Grain. El comercio agrícola global es “una gigantesca transferencia de agua en forma decommodities, desde regiones donde se la encuentra en forma abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea y es cara”, completa la investigación de 2013 El acaparamiento global de tierras. Guía básica, del Transnational Institute y Fuhem Ecosocial.
Seguridad hídrica, energética y alimentaria están interrelacionadas. Más allá de la agricultura, son muchas las formas y funciones en las que el vital líquido es requisado: “El agua ha sido un bien mucho menos contestado por los movimientos sociales. Su fluidez hace más difícil su defensa. Sin embargo, ha sido acaparado de muchas formas: para la agricultura intensiva, para la generación de energía que se exporta o que presta servicios exclusivamente a la industria, para el embotellamiento o para la minería, entre otros. Los acaparamientos de tierra y de agua pueden ser procesos simultáneos; en ocasiones, una vez despojadas las comunidades de su tierra es imposible que accedan nuevamente al agua”, explica Irene Vélez, investigadora colombiana que ha estudiado el fenómeno en la zona del Alto Cauca.
 
América Latina, en venta
Con la llegada del nuevo siglo, la revista Fortune predijo que el agua está destinada a ser para el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX: la codiciada mercancía que determina la riqueza de las naciones. Y el continente americano es uno de los más ricos cuando la medida que se tiene en cuenta es la del oro azul.
En Colombia el proyecto de Ley de Baldíos, que finalmente ha sido aparcado para reformarlo y lanzarlo en la próxima legislatura, pretendía legalizar las compras de tierras por personas extranjeras. Según varias organizaciones que se opusieron a la legislación, contradecía políticas gubernamentales como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolver terrenos a las víctimas del despojo durante el conflicto. Terrenos que son mucho más que un pedazo de campo cuya titularidad está en disputa. Vélez enuncia las dimensiones simbólicas y los bienes ambientales del territorio, siempre regados por el agua. Colombia es el undécimo país con mayores índices de concentración de la tierra en el mundo y el segundo en América Latina, sólo por detrás de Paraguay.
En la república guaraní las cosas son incluso más opacas, ya que no existe catastro alguno. Su nombre apenas aparece en las tablas de datos del PNAS (sólo cuatro registros) y tampoco en las estadísticas de la iniciativa global de monitoreo de tierras Land Matrix (cinco registros). Es en cambio un Estado en manos extranjeras: en concreto unos 7,7 millones de hectáreas (el 32% de las tierras cultivables o, lo que es lo mismo, el 20% del país) son explotadas por foráneos; mayoritariamente brasileños.
Brasil figura al mismo tiempo en las listas de acaparadores y en la de acaparados. Es decir, por un lado, extranjeros controlan parte del país, que lidera la lista de Estados con más agua disponible (con el 12% de las reservas de agua dulce del mundo). Por otro, algunas empresas brasileñas tienen tierras en el exterior, fenómeno que, según Land Matrix, surge a partir de 2006, coincidiendo con la consolidación de su economía en el ámbito internacional. Además, desde hace cuatro años la legislación brasileña restringe la cantidad de tierras rurales que puede adquirir una empresa extranjera o nacional controlada por capitales foráneos, una iniciativa que busca principalmente proteger al sector agropecuario local, con mucha fuerza en el continente.
Algo similar se ha decretado en Argentina, donde los extranjeros no pueden poseer más de 15% de la tierra cultivable nacional. Mientras, en Uruguay hay que ser ciudadano nacional para comprar tierras, una ley que “no tiene ningún efecto práctico” para Eduardo Gudynas, investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social: “La mayor parte de la producción de soja en Uruguay se hace bajo convenios de producción, donde a quien la controla no le interesa ser el dueño de la tierra. Lo que sucede en el sur de Brasil, en Argentina y también en Uruguay es que la propiedad de la tierra no es el elemento clave en las estrategias de desarrollo, porque el que controla la producción hace un convenio de producción a riesgo compartido o bien alquila el predio”.
El acaparamiento en América Latina lo realizan sobre todo grandes empresas, mientras por ejemplo en África está copado por Estados: “La transacción de tierras privadas es probablemente mayor en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones del mundo, donde hay más concentración en la categoría general de tierras estatales o públicas”, aseguran los autores del estudio El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe desde una perspectiva internacional más amplia, quienes consideran “imposible cuantificar claramente cuántas hectáreas han resultado afectadas”.
Carlos A. Vicente señala que las legislaciones nacionales no son suficientes “frente a los diferentes mecanismos que utilizan las empresas para el acaparamiento” y añade que el sistema de “Inversiones Agrícolas Responsables (RAI) no representan una solución, sino un maquillaje detrás del cual se sigue produciendo y legitimando el acaparamiento”. Precisamente la justificación de la plataforma RAI, impulsada por el Banco Mundial, la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) aboga por la necesidad de inversiones para “aumentar la productividad”, como camino “para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”, asegurando “que se respeten los derechos de los actuales usuarios de la tierra y el agua”.
 

jueves, 27 de febrero de 2014

Malas prácticas en la gestión del agua en espacios naturales protegidos. Caso del Lago de Sanabria

Daniel Boyano Sotillo, Colectivo El Huerto del Pozo, 14-02-14, Sanabria


1- Valores del Lago de Sanabria
 
El Lago de Sanabria se localiza en el noroeste ibérico, en las estribaciones de las Sierras de la Cabrera y Segundera, en los Montes Galaico Leoneses.

Hace 10.000 años la glaciación concluyó y la lengua glaciar se retiró dejando al descubierto amplios y profundos cañones, valles colgados, rocas aborregadas, estrías glaciares, morrenas y el elemento más característico del Parque Natural: el Lago de Sanabria, el único de origen glaciar en la Península Ibérica, junto a más de 20 lagunas diseminadas por la Sierra.

Declarado Sitio Natural de Interés Nacional según O.M. del Ministerio de Agricultura el 7-II-1946, así como Paraje Pintoresco por O.M. del Ministerio de Educación Nacional el 23-X-1953. Posteriormente, se declaró Parque Natural según Decreto 3.061/78.  Asimismo el Lago tiene otras figuras de protección de ámbito europeo al situarse dentro de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA).

2- La depuración de aguas de localidades ribereñas al Lago

Las depuradoras, existentes pero insuficientes, fueron levantadas hace más de diez años por la Junta de Castilla y León y financiadas por Fondos Europeos, pero jamás funcionaron correctamente. Incluso el Alcalde de Galende  en principio no quiso firmar el Acta de Recepción debido a su mal estado, pero finalmente lo hizo presionado por la Junta. Y es que la  ley obliga al Ayuntamiento donde estén las depuradoras a mantenerlas, y como el Lago está en el municipio de Galende a éste le toca cubrir los gastos del mantenimiento. Pero como este ayuntamiento no tiene suficientes recursos económicos, en el 2001 se firma un acuerdo entre la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora  y el Ayuntamiento de Galende para correr con esos gastos. Este convenio para ayudar a cuidar y mantener las depuradoras sólo dura dos años.

En el año 2006, la Junta de Castilla y León le dice al Procurador del Común (Defensor del Pueblo de Junta de Castilla y León) que va a poner en marcha otro convenio para ayudar a mantener las depuradoras, y que les envió copia a Galende y Diputación de Zamora y así garantizar el Derecho al agua y saneamiento a todas las personas del entorno, pero se hace caso omiso.

Hay que destacar que la Junta de Castilla y León sabía del deficiente estado de la depuración, ya que disponía desde 2008 de un informe que así lo ponía de manifiesto. La Junta de Castilla y León adjudicó en el año 2006 a la empresa Euroestudios el trabajo titulado «Estudio de la problemática del saneamiento y depuración de los núcleos situados en el entorno del Lago de Sanabria». El ámbito comprendió la red de saneamiento y depuración de Galende, Vigo, Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda, los camping y las zonas las playas.

Las sietes redes independientes presentan dificultades análogas, es decir, colectores con significativas filtraciones de agua fluvial y de acequias; escasas pendientes en el recorrido lo que favorece la sedimentación y el atascamiento; y la falta de mantenimiento de las canalizaciones con roturas, grietas obstrucciones, ...

3- Respuesta de la sociedad civil organizada sanabresa

Desde el pasado verano de 2013 y hasta la actualidad, se han realizado en el Lago de Sanabria varios eventos de denuncia a esta situación de deterioro ambiental del Lago de Sanabria y los problemas asociados que esto lleva ya que no se garantiza el derecho al agua potable y saneamiento a la población de su entorno y de aguas abajo en la cuenca del río Tera. El movimiento Haz Algo ha realizado varias jornadas de recolección de basura y el pasado 22 de diciembre varios centenares de personas caminaron desde la  playa de Custa Llago hasta Ribadelago para abrazar y rodear el Lago de Sanabria, mostrando su descontento por  el deterioro de la calidad del agua del mismo por los continuos aportes de vertidos (aguas grises y negras) provenientes de los pueblos y edificaciones próximas. Pero, como ya se ha explicado antes, no son las personas de estos pueblos las responsables de esta situación, es más son las mayor perjudicadas al tener que vivir junto a las aguas contaminadas debido a la deficiente gestión de las depuradoras  encargadas de purificar las aguas residuales negras y grises que vierten al Lago. Y es que como decía un vecino de Ribadelago "Los que hemos nacido en su ribera somos testigos de que el Lago ha cambiado en los últimos años, tornándose turbias las aguas de su lecho; hemos visto cómo el río Tera entregaba sus aguas al lago de forma tramposa, porque ya no eran, ya no son transparentes ni cristalinas. El Tera que alcanza el lago lleva consigo los vertidos no depurados de la Central de Moncabril, de Ribadelago Viejo, de Ribadelago Nuevo y a pesar de las denuncias ante la Audiencia Provincial que desde el año 2009 se vienen realizando, ese río continúa defraudando la calidad de las aguas del Lago, porque las depuradoras que no depuran, son un fraude a la verdad"

No podemos olvidar que el Lago de Sanabria (más de tres kilómetros de ancho y cincuenta de profundidad)  es la mayor concentración de agua glaciar de la Península Ibérica, y uno de los más importantes espacios naturales de estas características en toda Europa, y a día de hoy se encuentra gravemente amenazado por vertidos de aguas residuales de uso doméstico, tal y como denuncia el equipo supervisado por Antonio Guillén, doctor en Biología y catedrático de Ciencias Naturales en un instituto de La Rioja, coordinador de tres informes científicos que han concluido que el Lago de Sanabria está contaminado. Esta contaminación se está produciendo por la falta de infraestructuras o medidas adecuadas de depuración, como indican los informes. Según Guillén "La principal consecuencia está siendo, y será, una drástica reducción de la biodiversidad y un completo cambio de las características físico-químicas del agua del lago: aumento de la turbidez, disminución del oxígeno disuelto, aumento del pH, desaparición de gran cantidad de especies..." .

La Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto del lado de la Junta de Castilla y León y dice en un informe que la calidad del agua es correcta, cayendo de esta manera en una contradicción ya que en ese informe se explica que las aguas son oligo-mesotróficas (la transición entre las aguas oligotróficas, limpias y con muy pocos nutrientes, y las aguas mesotróficas, enriquecidas con nutrientes). Esto significa admitir que las aguas están contaminadas. Antes eran oligotróficas y ahora son oligo-mesotróficas y, si el proceso no se detiene, después serán mesotróficas o eutróficas, que es el peor de los estados. La Asociación para la Defensa de Sanabria y Carballeda insistió en que la actitud de las administraciones "ha contribuido al deterioro de la calidad de sus aguas, al aumento de la turbidez y al empobrecimiento de su biodiversidad".

En este contexto se puede afirmar que el Lago de Sanabria está sufriendo un arduo detrimento de la calidad de sus aguas y de la biodiversidad que sustenta. Esta transformación sin precedentes en su historia esta originado por un proceso de eutrofización provocado por la llegada de nutrientes de origen antrópico (aguas residuales domésticas) que puede llegar a complicar el abastecimiento de agua potable e incluso el baño de las personas a corto medio plazo. 

4-Conclusión

Para solucionar la turbidez del Lago de Sanabria, basta con arreglar las depuradoras y luego mantenerlas adecuadamente. Es deber de la ciudadanía denunciar a las administraciones cuando no cuidan lo común y público, y no vale la disculpa de estas diciendo que airear lo que está mal es publicidad negativa. El Lago está enfermo y es necesario tomar las medidas necesarias para que este recupere su estado de salud.

Afortunadamente aún estamos a tiempo de aplicar la solución a los problemas del lago: arreglar las depuradoras, mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y obligar a que todas las aguas residuales que vierten al Lago lleguen depuradas.

Asimismo debe ser compromiso de toda la población residente y visitante, y del personal técnico gestor, el mantenimiento del patrimonio natural del área, alterando del menor modo posible la dinámica de sus procesos y conservando dicho patrimonio que le proporciona esa singularidad con carácter único en el sur de Europa. Se puede decir que las personas de la comarca de Sanabria están luchando tanto por la justicia social (Derecho al agua y saneamiento) que fue en el siglo XX el eje de las luchas sociales, como la justicia ambiental que lo será cada vez más en el siglo XXI con los derechos de tercera generación y la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos.

Por último, sería conveniente recuperar sistemas tradicionales de gestión de agua mediante participación directa como era el Concejo Abierto, además se necesita que los organismos locales, provinciales, autonómicos y nacionales actúen conjuntamente para conseguir una eficiente ordenación hídrica que mantenga los valores ecológicos del Lago de Sanabria y de toda la comarca sanabresa y que a su vez se garantice el derecho al agua y saneamiento para toda su población. 

sábado, 28 de septiembre de 2013

Inauguración

Estimado amigos:

El blog del Observatorio del Derecho Humano al Agua pretende ser un espacio de reflexión sobre la importancia del agua en nuestras sociedades y la necesidad de gestionar el agua como un derecho humano. Este blog irá actualizando sus páginas con información y artículos de opinión de todos aquellos que deseen participar y debatir sobre temas relacionados con los recursos hídricos.

Un saludo,

Miguel Ángel Pérez Martín